ESPECIAL.- CASO MERCASEVILLA
ESPAÑA / ANTONIO PARDAL, EMPRESARIO ECIJANO Y DENUNCIANTE EN EL CASO MERCASEVILLA
«El que no pasa por el aro no hace negocios con la Administración»
Cuando Pardal habla, el PSOE tiembla. Su declaración ante la Policía fue vital para destapar las irregularidades en la venta de suelo de Mercasevilla y el pago de presuntas comisiones
El empresario sevillano Antonio Pardal, dueño de Larena98, que tenía un derecho de superficie sobre los terrenos de Mercasevilla, denuncia la maquinación que, en su opinión, realizaron altos cargos del Ayuntamiento hispalense y de la empresa municipal para favorecer a otra sociedad en el concurso de la venta de suelos de Mercasevilla, considerado «fraudulento» por la jueza Alaya.
Mercasevilla optó por la peor oferta económica, inferior en casi 60 millones de euros a la segunda.
—¿Qué le llevó a denunciar la operación de venta de los suelos de Mercasevilla a Sando?
—La Policía fue primero a mi casa de Madrid y me dijo que quería todos los papeles. Les mandé una maleta llena de papeles y aún así les pareció poco . Así que les mandé más más papeles.
—Hay quien dice que usted lo ha hecho porque está enfermo.
—No, lo he hecho porque yo siempre he querido hacer algo por Andalucía, que es mi tierra. Lo máximo que he hecho por Andalucía son mis declaraciones ante la Policía.
—¿Ha recibido amenazas?
—No e incluso las entidades de créditos sevillanas me tratan con mucho cariño a nivel de presidentes. Diría que incluso me respetan más ahora.
La mayoría de los concursos están amañados
—La jueza instructora del Caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, ha tirado del hilo de Mercasevilla y ha llegado al fraude de los ERE en la Junta.
—Alaya es un ejemplo de jueza, una extraordinaria profesional. Puede con todo. Ella sigue tirando el hilo y vamos a ver dónde termina el ovillo.
—¿Quién mandaba en Mercasevilla?
—Daniel Ponce, el ex director adjunto. Es un listo pícaro de los que han existido siempre en Sevilla, como decía Quevedo.
—¿Cree que el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, o Daniel Ponce actuaron por libre?
—No, actuaron a la orden «de». Ellos tenían línea directa con el alcalde y el PSOE.
—¿Un alcalde puede estar ajeno a una operación como ésta?
—No. Ni el alcalde ni IU ni Sando eran ajenos a la operación.
—¿Hasta dónde cree que llega la implicación de Monteseirín?
—La culpa de lo que pasó es de Monteseirín, de IU y del socialista Javier de Paz, presidente de Mercasa (accionista del 49% de Mercasevilla), ex secretario general de las Juventudes Socialistas y compañero de baloncesto de Zapatero. Este señor se ha ido de rositas, a pesar de que nada se hacía en Mercasevilla sin su autorización.
—¿Qué participación tuvo Torrijos en esta operación?
—Directamente ninguna. A mí llegó una persona en nombre de Torrijos y me pidió cien millones de pesetas para que la operación se hiciera. Me dijo que era la práctica habitual. A mí me decían en Mercasevilla que había que convencer a Torrijos para aprobar operaciones porque él mandaba más que el alcalde.
—¿Quién era el presunto «mandado» de Torrijos?
—No me acuerdo de su nombre, pero sí de su cara.
—Usted afirma que el alcalde le dijo que no le daría licencia para hacer naves en Mercasevilla, pero que le tranquilizó diciendo que «todo se arreglaría». ¿A qué se refería?
—Se refería a la compensación que yo podría recibir porque me vendieron el derecho de superficie de un suelo asegurándome que podía construir naves, pero no podía porque no era suelo industrial. Después aparece Sando con las naves hechas y no sé con qué licencia.
—Dice que Manuel Marchena, ex gerente de Urbanismo, le ofreció «amañar» el concurso de Mercasevilla y que renunciara al derecho de superficie a cambio de participar en la promoción de una VPO. Es su palabra contra la de él.
—Pues vayamos a un careo. Que yo sepa, Marchena no me ha denunciado por ahora por lo que he dicho.
—De igual forma, usted ha declarado que el ex director general de Empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, implicado en el fraude de los ERE, le ofreció también una ITV en Mercasevilla.
—La ITV me la ofrecieron Mellet y Daniel Ponce para compensarme porque no podía hacer las naves en Mercasevilla. Para tranquilizarme de que la Junta realmente me darían una ITV, convocaron un almuerzo con Guerrero, quien me dijo que el proyecto era viable.
—Noga ofreció hasta 158 millones, incluyendo compensaciones por los terrenos que después Sando se llevó por 52 millones. Noga no protestó. Hay algo que no cuadra.
—Claro que no. Si a mí me compensaron con un millón de euros por echarme a la calle porque no podía hacer las naves en Mercasevilla, han podido compensar a Noga prorrogándole las licencias ocho años hasta que pase la crisis y de esta manera no caducan las licencias y no hay que volver a pagar. Es una manera de pagar sin pagar.
—Cuando nos habíamos olvidado del Caso Guerra y del Caso Ollero, y resulta que se vuelven a repetir. ¿Son las «mordidas» o comisiones en la Administración algo habitual?
—Así es.
—¿Está diciendo que el que no pasa por el aro no hace negocios con la Administración?
—Sin ninguna duda. Si no estás en el corralito andaluz, no tienes nada que hacer aquí. Si vienes de fuera, como yo, no entras. Por eso, los concursos les tocan siempre a los mismos. Estar en el corralito es contribuir a la causa y contribuir a la causa es pagar la mordida. Eso ya lo dijo Maragall. No es un invento mío.
—¿Piensa que muchos concursos están amañados?
—La mayoría, aunque es un pensamiento mío.
—Cree usted que con lo investigado por la jueza Alaya, muchos cargos del PSOE acabarán en la cárcel.
—No porque el poder es el poder. Al final acabarán en la cárcel los segundos espadas, es decir, políticos de segunda división y alguno de primera división. Los figuras no caerán. Alaya es una gran instructora, pero ahora pasa a otro juez, luego está la Audiencia…
—¿Cree que si Juan Espaldas es alcalde, habrá una diferencia en la gestión municipal del PSOE?
—Habrá cambio con cualquier otro porque habrá un antes y un después de Monteseirín. Este latrocinio no creo que continúe porque la sociedad no puede sostenerlo.
—Hay decenas de imputados a raíz del caso Mercasevilla y aquí no dimite nadie.
—No dimiten porque es su oficio y su carrera. No saben hacer otra cosa.
Un empresario sin miedo
Cinco casos Mercasevilla destapan el fraude de las prejubilaciones falsas
La grabación que en 2009 desveló el cobro de comisiones ha conducido al «fondo de reptiles», que pone en jaque la política de subvenciones andaluza
LA grabación que dio origen al caso Mercasevilla y que ABC transcribió en exclusiva el 22 de abril de 2009, es un auténtico manual de corrupción.
Algunas de las frases pronunciadas ante el micrófono oculto eran premonitorias de lo que dos años después hemos conocido gracias a la investigación realizada por la Policía a instancias del Juzgado de Instrucción numero 6 de Sevilla.
Hoy, el caso Mercasevilla está dividido en cinco ramas bajo el denominador común de la corrupción en el ámbito del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía por el cobro de favores y comisiones a cambio de ayudas públicas.
Hasta el momento, la juez Mercedes Alaya ha imputado a catorce personas, entre las que hay cargos públicos socialistas y técnicos de la Administración, pero las últimas investigaciones han desvelado una trama de fraude masivo y millonario en las ayudas de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que convierte el caso en una seria amenaza para la estabilidad del Gobierno andaluz.
Un gobierno, que durante dos años se negó a investigar a fondo la trama a pesar de estar implicado desde el primer momento. La trascendencia del caso supone un escándalo político que el Partido Popular relaciona con la financiación ilegal del PSOE.
1. COMISIONES ILEGALES: «La Junta colabora con los que colaboran»
La investigación del caso que actualmente sigue la pista al fraude generalizado en las subvenciones de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía centró inicialmente en un petición de comisiones por parte de los directivos de Mercasevilla, empresa gestionada por la sociedad estatal Mercasa y el Ayuntamiento de Sevilla, a dos empresarios del grupo de hostelería La Raza como contrapartida por una subvención de 900.0000 euros concedida por la Junta de Andalucía a la Fundación Mercasevilla para la puesta en marcha de una escuela de hostelería que gestionaría La Raza.
La conversación fue grabada el 26 de enero de 2009 por los empresarios, José Ignacio Rojas y Pedro Sánchez Cuerda, actual presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla. A ambos Fernando Mellet y Daniel Ponce, director y subdirector de Mercasevilla, respectivamente, les pidieron 300.000 euros de «colaboración» —más 150.000 «para enganchar la luz»— con el pretexto de que «la Junta colabora con quienes colaboran».
Posiblemente esa sea la frase más destacada de la grabación pues supone un indicio para sospechar de la existencia de un cobro sistemático de comisiones desde la administración andaluza, presidida entonces por Manuel Chaves, a partir de las subvenciones que concedía, en este caso en materia de Empleo.
Según las indicaciones previas, los empresarios deberían entregar el dinero en un maletín que dejarían olvidado en un despacho cuya ubicación no precisaron lo directivos.
La cinta fue entregada el 27 de enero por uno de los empresarios a un asesor de la Consejería de Presidencia, ocupada entonces por Gaspar Zarrias.
El propio asesor se lo transmite a sus superiores, a los servicios jurídicos de la Junta al viceconsejero de Empleo y al propio alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, como máximo responsable de los directivos «pillados» en la grabación, Mellet y Ponce, ambos personal de su confianza y militantes de la Agrupación Socialista Macarena de Sevilla.
La Junta no traslada hasta el día 17 de febrero la cinta a la Justicia, si bien no decide hacerlo al juzgado de guardia sino que la pone en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla conscientes de que los empresarios tendrían una copia de la misma.
Nada trascendió a la opinión pública hasta el 31 de marzo cuando ABC informa de la investigación que al respecto había abierto la Fiscalía. Hasta entonces, y a pesar del conocimiento de los hechos que tenían tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Junta de Andalucía no se habían tomado públicamente medidas disciplinarias contra los implicados.
El director de Mercasevilla, Fernando Mellet dimitió el 17 de febrero «por motivos personales» a pesar de que el alcalde sostiene que cinco días antes había ordenado por fax su cese. Sin embargo, Mellet dimite recibiendo una efusiva felicitación del vicepresidente ejecutivo de la empresa pública, el teniente de alcalde y portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos, socio de gobierno municipal.
El subdirector imputado, Daniel Ponce, sigue trabajando hoy en Mercasevilla, donde pretende prejubilarse. Mellet y Ponce fueron expulsados del PSOE en junio, tres meses después de que ABC destapara el escándalo.
Ante la aparente pasividad de la Fiscalía de Sevilla en la investigación, limitada prácticamente a la transcripción policial de la cinta y a la toma de declaraciones, el PP, a través de su portavoz municipal, Juan Ignacio Zoido, interpuso en mayo de 2009 una querella que aceptó a trámite el juzgado de instrucción número seis.
La investigación judicial derivó en la imputación de Mellet y Ponce, de la secretaria de dirección de Mercasevilla Regla Pereira y del delegado provincial de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, el primer alto cargo socialista de la Junta implicado en el caso que, sin embargo, no dimitió hasta el 20 de abril de 2010, amparado por el ferviente apoyo que le daba su partido y la cúpula política del Gobierno andaluz.
La Junta hasta ese momento había restado importancia al escándalo, que entendía de competencia municipal, pero en el origen de todo está en una frase fundamental para reconocer la trascendencia del asunto: «la Junta colabora con quienes colaboran» y Rivas no iba a ser el único cargo de la administración pública implicado.
Grabación
Mercasevilla plantea revertir las concesiones de los mercados de Triana, San Gonzalo y San Jerónimo
SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) –
La sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, ha abordado en su última comisión ejecutiva la reversión de las concesiones administrativas de las que goza en cuanto a los mercados de abastos de Triana, San Gonzalo y San Jerónimo. En la sesión, igualmente, han cobrado importancia las cuentas de 2010 y los litigios resueltos de forma favorable al mercado central tras la impugnación de las sanciones impuestas por la Consejería de Agricultura y Pesca a cuenta de la localización de pescado inmaduro en la lonja.
Fuentes de Mercasevilla han informado a Europa Press de que, en concreto, la reunión de la comisión ejecutiva se celebró el pasado jueves. Durante la sesión, la comisión ejecutiva tomó conocimiento de los tres litigios resueltos de forma favorable al mercado central de abastos tras la impugnación de las sanciones económicas promovidas por la Consejería de Agricultura y Pesca como consecuencia de la localización de partidas de pescado inmaduro en la lonja.
A tal efecto, la comisión ejecutiva de Mercasevilla ha acordado solicitar un aval «suficiente» valorado en «la suma global» de todas estas sanciones impuestas por la Consejería de Agricultura y Pesca. El aval, además, habría de incorporar «un 20 por ciento» más de esta cuantía inicial para hacer frente a los «posibles intereses y costas procesales» derivados de la impugnación de estas penas tanto en la vía de apremio iniciada por la Administración autonómica, como por la vía Contencioso Administrativa a cuenta de las citadas tres resoluciones favorables.
En la sesión fueron abordadas también las cuentas de 2010 y la situación de la gestión, a manos de Mercasevilla, de los mercados de abastos afectados por el escrito fechado el 29 de diciembre de 2010 por el director general de la sociedad mixta, Juan Carlos Recio, en cuanto a la «reversión» de las concesiones administrativas de las que goza la empresa. Se trata, en concreto, de los mercados de abastos de Triana, San Gonzalo y San Jerónimo, cuya gestión obra en manos de Mercasevilla gracias a unas concesiones administrativas que la sociedad mixta espera revertir.
La última auditoría elaborada por la consultora ‘Deloitte’ sobre los estados financieros de la compañía, como se recordará, cuantificaba en aproximadamente 1,5 millones de euros las cargas de la empresa por penalizaciones de inmaduros. De hecho, el pasado año 2010, el actual director general de Mercasevilla había concertado contactos con la Consejería de Agricultura y Pesca al objeto de tratar los expedientes sancionadores incoados de forma subsidiaria contra la sociedad mixta por el descubrimiento de estas partidas de pescado inmaduro.
LAS CUENTAS DE MERCASEVILLA
Sobre las cuentas de Mercasevilla, cabe recordar que ya mediado el año pasado, los órganos de gobierno de la compañía habían acordado la materialización de una operación ‘acordeón’ mediante la que los aproximadamente 9,2 millones de euros que figuraban como capital social de la empresa fueron reducidos a cero, para luego ser ampliado este concepto a 1.285.000 euros mediante aportaciones dinerarias y materiales por parte de los accionistas mayoritarios de la sociedad; el Consistorio hispalense y la sociedad estatal Mercasa.
El destino de esta maniobra no fue otro que impedir que la sociedad mixta incurriese en una posible causa de disolución, dado que los anteriores gestores de la compañía, Fernando Mellet y Daniel Ponce, habrían falseado las cuentas mediante unas prácticas que investiga actualmente el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla. De hecho, la auditoría elaborada por la consultora ‘Deloitte’ sobre las cuentas generales de la sociedad mixta Mercasevilla reveló que el ejercicio 2008, cuando la directiva liderada por Fernando Mellet repartía dividendos por valor 258.000 euros, se saldó en realidad con pérdidas que superaron los 1,5 millones de euros.
El ejercicio 2009, además, se saldó para el mercado central de abastos de Sevilla con pérdidas por valor de 4.123.666 euros, una cuantía a la que se suma un pasivo de 9.046.976,95 euros a cuenta de la incertidumbre que pesa sobre la financiación del expediente de regulación de empleo promovido en 2007 y al que se adhirieron 40 empleados actualmente prejubilados, dado que la Consejería de Empleo niega cualquier compromiso en cuanto al pago de estas prestaciones.
El PP-A llevará a la Junta a los tribunales si no remite al Parlamento la información solicitada sobre los ERE
SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) –
El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha anunciado este domingo que llevará al Gobierno andaluz ante los tribunales de Justicia en el caso de que no remita al Parlamento la información requerida en torno a las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tramitados por la Junta, apuntando al mismo tiempo a la «responsabilidad política» que en este caso tienen tanto el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, como su antecesor en el cargo, Manuel Chaves.
Durante un acto celebrado en Sevilla, el máximo dirigente del PP andaluz ha aseverado que «no vamos a permitir que no llegue al Parlamento la información que tiene que llegar», como son «los informes de las auditorías y de la intervención de Hacienda, así como los avales jurídicos al convenio del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) con la Consejería de Empleo».
«Todos estos informes están requeridos en el Parlamento, y no vamos a aceptar bajo ningún concepto el argumento del envío de esos informes a la autoridad judicial para tapar el ejercicio de control en» la Cámara andaluza, según ha proseguido el dirigente popular, quien ha subrayado que «si no se nos envían esos informes, llevaremos al Gobierno andaluz ante los tribunales, demandando la información imprescindible para el ejercicio de nuestro trabajo como parlamentarios».
De igual modo, Arenas ha asegurado que, en este asunto, «responsabilidades políticas las hay y muy importantes», apuntando en este sentido tanto a Chaves como a Griñán, cuya «responsabilidad» consiste en «haber conocido los procedimientos que había en marcha y haberlos tapado», recordando que «la inmensa mayoría de las comunidades autónomas tienen órdenes a través de las que regulan las ayudas a los trabajadores sometidos a ERE».
SE ESTÁ «HIRIENDO DE MUERTE» AL PARLAMENTO
«Aquí, esas ayudas han sido ocultas, no las conocían las empresas que, por supuesto, no conocían el resultado final de la concesión», según ha agregado el máximo dirigente popular andaluz, al tiempo que ha puesto de manifiesto que «hace falta que se expliquen muchas cosas, y sobre todo que no se hiera de muerte al Parlamento». «Estoy convencido de que, si no hay una comisión de investigación parlamentaria, se le está hiriendo de muerte».
En esta línea, Arenas ha anunciado que, «si llega el cambio, hay una cuestión muy clara, y es que con el Gobierno del cambio no hará falta una mayoría absoluta para que se hagan comisiones de investigación», recordando que «ya llevamos más de 15 años sin una sola comisión en el Parlamento andaluz». «El 28-F va a ser muy triste, pues hay un record de paro y también de escándalos», ha apostillado.
Asimismo, Arenas ha dado a conocer una documentación en la que «se pone de manifiesto cómo el resultado final de algunos ERE donde hay personas que no debieran estar tienen la firma de los responsables de la Junta».
De este modo, y según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, un responsable de la consultora Vitalia Vida, Antonio Albarracín, remitió el 23 de noviembre de 2005 un correo electrónico a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en el que adjuntaba la carta de financiación de Río Grande Sevilla S.L..
Tras ello, y según los documentos aportados, el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, firmó un documento el mismo día 23 de noviembre de 2005 en el que mostraba su «conformidad» a que se suscribiera una póliza para 13 ex trabajadores de Río Grande, comprometiéndose a abonarles 664.092,96 euros a fecha 1 de junio de 2006 y la misma cantidad a fecha 1 de junio de 2007. Entre los trabajadores, se incluye a Carmen Fontela González.
DIRECTORIO de NOTICIAS 