EE UU señala de nuevo a España como paraíso de la ‘piratería’
El Congreso aprueba la ‘ley Sinde’ con los votos de PP, PSOE y CiU
DANIEL VERDÚ – Madrid – 15/02/2011
Tras meses de enfrentamientos, polémicas y cadáveres en la cuneta, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó el martes definitivamente la llamada ley Sinde, que intentará poner coto a las descargas en la Red sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.
Sin embargo, el acuerdo, que ni siquiera convence a la mayoría de protagonistas del conflicto -ni a los internautas ni a la industria, que ve la nueva norma demasiado farragosa-, llega tarde para evitar que otro año España esté entre los países señalados por el Departamento de Comercio de EE UU como nada recomendables para hacer negocios relacionados con la propiedad intelectual (cine, música, literatura…).
Por quinto año consecutivo, la industria cultural estadounidense quiere que España esté en la temida Lista 301 que se publicará en abril.
El colectivo «Anonymous» en defensa de los derechos de los internautas ha comenzado a llevar a cabo su «Operación Goya», anunciada en protesta contra la «Ley Sinde» con motivo de la celebración de la gala de entrega de estos premios.
Varios miembros del colectivo se han congregado cerca de Teatro Real, a las puertas de la entrega de los Premios Goya del Cine, para mostrar su descontento con la ley.
El documento que se propondrá al Departamento de Comercio estadounidense, como reseñó el martes la RIAA (la entidad que aglutina a las principales discográficas estadounidenses), señala con dureza que el «mercado musical en España se haya evaporado ante los ojos del Gobierno, que permaneció impasible ante la piratería».
Si bien apunta hacia un cierto optimismo por la aprobación de la flamante ley Sinde («tras años de inacción, España está cerca de dar un importante primer paso para controlar la legislación en la Red»), el informe recuerda que, en los últimos cinco años, el mercado musical español se ha desplomado un 55%. Solo de 2009 a 2010 la caída fue del 22%.
Junto a España, el documento coloca también a países como China, Rusia, Canadá, Italia y México como poco fiables (dentro, claro, de la categoría de lugares donde existe mercado discográfico). La consecuencia de volver a aparecer en la lista, se temen algunos, son las sanciones comerciales y la espantada de las empresas estadounidenses que trabajan en nuestro país.
Para salir de la lista, los países afectados deben entablar negociaciones con EE UU y mostrar sus progresos. De ahí, los permanentes contactos de España con el vicepresidente estadounidense, Joe Biden.
De hecho, tal y como mostraban los cables filtrados por Wikileaks y analizados por EL PAÍS, la Embajada de EE UU decidió conocer de primera mano en junio de 2008 lo fácil que era descargar contenidos protegidos en webs españolas.
Una de las principales preocupaciones de ese país es que la ley Sinde no actúe contra las webs P2P por no poderse demostrar el ánimo de lucro, como ya señalaba una circular de la Fiscalía General del Estado de mayo de 2006.
Para Antonio Guisasola, presidente de Promusicae (la patronal musical de España), «la aparición destacada del nombre de España entre los países menos respetuosos de la propiedad intelectual en todo el mundo constituye una deshonra nacional, no por reiterada y esperada menos dolorosa».
Y así, mientras desde el otro lado del Atlántico siguen viendo una bandera pirata ondeando en España, en el Congreso de los Diputados se aprobaban las enmiendas contenidas en la Ley de Economía Sostenible, consensuadas por los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) y CiU con 323 votos a favor, 19 en contra de PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC y una abstención.
La polémica, sin embargo, no cejará todavía, ya que los internautas se han mostrado radicalmente en contra de la ley y prometen seguir haciendo ruido, tal y como demostraron algunos de ellos el pasado domingo durante la gala de los Goya.
La Asociación de Internautas ha remitido una carta abierta al embajador de los Estados Unidos en España, Alan D. Solomont, en señal de protesta por el acuerdo entre PSOE, PP y CiU por laaprobación de la Ley Sinde. Una norma impuesta-impulsada-sugerida desde el gobierno estadounidense según revelaron los cables filtrados por Wikileaks y según denuncian los medios críticos a la misma.
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La Carta al Embajador de Estados Unidos en España enviada por la Asociación de Internautas no tiene desperdicio. En inglés y en tono sarcástico, agradece al diplomático la supuesta intervención de su gobierno en el impulso de la normativa antipiratería incluida en la Ley de Economía Sostenible y conocida como Ley Sinde.
O peor, Ley ‘Biden-Sinde’ como citan los sitios web más críticos aludiendo a la intervención del vicepresidente estadounidense en esta polémica normativa como mostraron los documentos filtrados por Wikileaks con numerosas citas en las que se deja entrever la presión de Estados Unidos y que no han sido negados por la embajada.
Por ello, la Asociación de Internautas considera en su carta que la ‘Ley Sinde’ trae de vuelta hasta nuestros días “la censura de Franco”, lo que deja a España en una posición “no muy diferente de la de países como China o Irán, e incluso Túnez o Egipto, entre otros”.
“Gracias a usted, hemos descubierto que el Gobierno de España no es nuestro interlocutor válido”, dicen desde la AI considerando al presidente del gobierno, al líder de la oposición y a la Ministra de Cultura como meros “empleados” de Estados Unidos. En este sentido piden al embajador que premie a los aludidos por ‘un trabajo muy bien hecho’.
La AI destaca en su misiva que “los usuarios de Internet en España ya han dejado claro que no darán sus votos a ningún partido que apoye la Ley Binde-Sinde”. Además, la organización de internautas critica que la ley será “inútil para perseguir las descargas denominadas ilegales”, citando el caso Napster, que incitó la apertura de webs y programas de intercambio de música.
“No hay un modelo de negocio que resulte consistente si se enfrenta abiertamente a sus clientes (y los ataca, insulta y criminaliza), en lugar de cuidarlos”, remata la Asociación en una carta tan dura como clara que refleja bien la opinión mayoritaria de los internautas reflejadas en redes sociales y blogs.
* Traducción al español de la carta abierta remitida por la Asociación de Internautas al Embajador de Estados Unidos en España.
Piratería en España
EE UU ejecutó un plan para conseguir una ley antidescargas
La Embajada estadounidense en España diseñó una minuciosa estrategia en 2007 y colocó la propiedad intelectual como tema prioritario en su agenda
JOSEBA ELOLA – Madrid – 03/12/2010
La Embajada de Estados Unidos en Madrid convirtió la lucha contra la piratería en Internet en una de las prioridades de su agenda en el periodo 2004-2010. Según se deduce de la lectura de más de 35 cables dedicados a la protección de los derechos de propiedad intelectual, las presiones empezaron a intensificarse a partir del año 2004, tras la llegada al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y se vertebraron en torno a una lista negra, la Lista Especial 301 que elabora la oficina de Comercio estadounidense.
- Cable sobre las medidas para luchar contra la piratería
- Cable sobre las acciones legales del Gobierno contra la piratería
- Cable sobre la cooperación EE UU-España contra la piratería
- Cable sobre la ayuda de EE UU en materia de Copyright
- Cable sobre las presiones para que España combata la piratería
- Cable en el que EE UU identifica siete webs de descargas no autorizadas
- Cable en el que EE UU advierte que España está en la lista negra
- Cable sobre la polémica por la ley contra la piratería
- Cable sobre la postura del PP en la lucha contra la piratería
- Movilización en la Red contra la ‘ley Sinde’
- La mayor filtración de la historia deja al descubierto los secretos de la política exterior de EE UU
- La ‘ley antidescargas’ inflama Internet
- EE UU señala de nuevo a España como paraíso de la ‘piratería’
«Nuestra estrategia exige una continua y constante atención de alto nivel de la embajada»
«La desconfianza en las buenas intenciones del Gobierno y en que vaya a producir resultados crece»
Ante la falta de resultados en esos primeros años, diseñaron en 2007 una minuciosa hoja de ruta que incluía encuentros con ministros, secretarios de Estado y mandos intermedios de los departamentos de Cultura e Industria.
La estrategia incluía encuentros con las empresas que proveen el acceso a la red como Telefónica, colaboraciones con partes interesadas -SGAE, Federación para la protección de la propiedad intelectual (FAP), Asociación de Productores Musicales Promusicae- y visitas de altos cargos de la administración y la industria estadounidense: a España trajeron a Christopher Wilson, número dos del comercio exterior; y a Dan Glickman, presidente de la todopoderosa Motion Pictures Association, el órgano que agrupa a las majors de Hollywood.
A pesar de que los cables reflejan la contrariedad de los agregados de la embajada y de cada uno de los embajadores por los lentos progresos de la Administración española en la erradicación de la piratería, finalmente, el año pasado pudieron comprobar cómo se daba un paso en la dirección que consideran adecuada (aunque insuficiente; su referencia es el duro plan implementado por Nicolas Sarkozy en Francia).
El 27 noviembre de 2009, la polémica ley antidescargas encontraba su vía englobada en la Ley de Economía Sostenible. Superado el primer trámite parlamentario, el pasado 23 de septiembre, la ley se enfrenta en estos días a enmiendas parciales en la Comisión de Economía y Hacienda.
Reuniones con ministros y Rajoy
Los tres embajadores de la etapa 2004-2010 se entrevistaron con todos los ministros de Cultura de este periodo (Carmen Calvo, César Antonio Molina y Ángeles González Sinde); con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega; con el ministro de Industria, Miguel Sebastián; y con el líder de la oposición, Mariano Rajoy. En la agenda de todos estos encuentros la piratería tuvo su sitio de honor.
La lista negra fue el instrumento más claro de la presión. 25 de febrero de 2008.
Han transcurrido cuatro años desde que la Embajada estadounidense en Madrid situara la piratería como prioridad en su agenda. No se producen resultados.
El tema encalla una y otra vez.
El plan estratégico de 2007 no ha dado frutos. El embajador Eduardo Aguirre, cansado ya de tanto mareo y palabrería, emite una nota elocuente. España no ha hecho los deberes:
«Proponemos decir al nuevo Gobierno que España aparecerá en la lista negra si no hace tres cosas para octubre de 2008», reza el segundo punto del despacho número 142920.
«La embajada reconoce que la falta de progresos españoles en el último año podría justificar colocar a España en la lista negra».
La piratería, ya sea de zapatillas deportivas, CD y DVD de la manta o vía bajada de archivos de la red, venía siendo desde hace tiempo una preocupación para los intereses estadounidense en España.
Pero es en marzo de 2004 cuando la embajada decide que los derechos de propiedad intelectual se van a convertir en prioritarios. En cuanto sea nombrado el nuevo Gobierno. Así queda reflejado en el despacho 14530 del 3 de marzo de 2004.
España, mezcla de tercer y primer mundo
La sorprendente victoria del PSOE en las elecciones del 14 de marzo, tres días después del 11-M, abre a finales de ese mismo año nuevas expectativas en la delegación estadounidense en Madrid.
«La fotografía de la piratería contra la propiedad intelectual en España es una mezcla de tercer mundo y primer mundo», se lee en el despacho número 27536.
Pese a describir un panorama de país mantero y descargador, la embajada propone en un cable dirigido al máximo responsable del comercio exterior de EE UU, el USTR (United States Trade Representative), que no incluya a España en la lista negra.
La prioridad que los estadounidenses otorgan a la cuestión se manifiesta en el nivel de los interlocutores elegidos. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega es uno de los primeros objetivos.
Un agregado de la embajada habla del tema con ella el 22 de febrero de 2005.
El cable 27536, elaborado por el agregado al día siguiente de la conversación con De la Vega, se cierra así: «Dada la cantidad de estrellas de la industria del entretenimiento con una abierta preferencia por el Gobierno socialista (es significativo, por ejemplo, que Zapatero acudiera al equivalente español de los Oscar), es posible que este Gobierno sea especialmente sensible a hacer algo en este sector.
Necesitaremos un año o así para ver si esta sensibilidad se traduce en resultados».
El 10 de noviembre de 2005, el embajador se entrevista con la ministra de Cultura, Carmen Calvo: en el cable 45583, el propio embajador concluye que en el Gobierno español hay buenas intenciones, pero no hay resultados.
La tónica se mantiene. La potente Motion Pictures Association, que agrupa a las majors de Hollywood, presiona desde EE UU. La industria local española también se queja de la permisividad con las descargas, sobre todo la musical. En 2007 se produce el punto de inflexión: el 28 de diciembre, la delegación estadounidense en Madrid emite un cable (135868) que contiene un minucioso plan.
Asunto: estrategia para los derechos de propiedad intelectual en España.
El despacho despliega un detallado plan a corto, medio y largo plazo plagado de citas con responsables políticos, con mandos intermedios de los ministerios de Cultura e Industria, encuentros con las operadoras de telecomunicaciones, visitas a España de expertos norteamericanos… y anticipa, ya, la medida que hay que tomar a medio plazo: colocar a España en la lista negra.
El plan es para el periodo 2007-2012 y culmina con la visita de un alto cargo del Comercio Exterior de EE UU a España. «Esta es la hoja de ruta de adónde queremos llegar y cómo», señala el cable.
«Nuestra estrategia requiere una continua y constante atención de alto nivel de la embajada a esta cuestión así como la ayuda ocasional de organismos de Washington en los próximos tres o cuatro años».
La presión aumenta
Cuatro meses más tarde, en abril de 2008, España ingresa en la Lista Especial 301.
La presión se redobla a partir de ese momento.
La entrada en la lista es el instrumento esgrimido en las reuniones con ministros y mandos intermedios: hay que conseguir que los españoles acaben de una vez con las descargas.
El 29 de julio de 2008, un cable refleja un estudio de la situación llevado a cabo por la embajada.
Detalla la manera de funcionar de siete sitios de descargas españoles. Conclusión: «Es fácil para los españoles obtener acceso a material pirateado en Internet».
El informe se realiza con la ayuda, entre otras, de la Motion Picture Association, la Federación para la protección de la Propiedad Intelectual (FAP), la Sociedad General de Autores (SGAE) y la Asociación de Productores Musicales (Promusicae).
Su colaboración, dice el cable 163969, permite identificar siete webs de descargas. El informe contiene una acotación tan solícita como surrealista:
«Nota: La embajada estudió estos sitios pero no subió ni bajó ningún material».
El instrumento de la presión, la lista negra, permite elevar algunos grados los mensajes. Al director general para Europa y Norteamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Luis Felipe Fernández de la Peña, se le deja clara la cosa (cable 169777):
«El jefe adjunto de la misión [número dos de la embajada] planteó la aparición de España en la lista Especial 301, instando al Gobierno de España a tomar medidas enérgicas contra la piratería en Internet». Es 15 de octubre de 2008.
El 12 de noviembre desembarca en España el alto representante de Hollywood, el presidente de la Motion Pictures Association, Dan Glickman.
Recogida de firmas
Un año más tarde llega la polémica Ley antidescargas. El 27 de noviembre 2009, el Gobierno envía al Congreso la Ley de Economía Sostenible y cuela en el paquete, Disposición final segunda, la ley que desencadena la movilización de los colectivos de internautas del país. Manifiestos, manifestaciones, recogidas de firmas, protestas. Se desata la revuelta.
La creación de una Comisión dependiente del Ministerio de Cultura que permita cerrar páginas sin la intervención de un juez focaliza en diciembre de 2009 la mayor parte de las críticas. Se acusa al Gobierno de querer crear una policía cultural en Internet. La movilización lleva al Gobierno a matizar el mensaje.
El presidente del Gobierno dice el 3 diciembre: «Estoy dando mi opinión, la libertad de expresión siempre prevalecerá». El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, arguye que es necesaria «la autorización judicial y el control».
La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, afirma que el Congreso podrá «perfeccionar» el borrador en el trámite parlamentario.
El comentario final del cable 238241, fechado el 4 de diciembre de 2009, refleja la decepción de la delegación estadounidense.
«La desconfianza en las buenas intenciones del Gobierno y en su habilidad para producir buenos resultados crece».
Mientras la tormenta internauta arrecia, el PP se arrima a los nubarrones y saluda los movimientos de la comunidad internauta . Preocupado, el embajador Alan D. Solomont se reúne con Mariano Rajoy el 21 de enero de 2010.
Le hace ver lo que la industria del cine estadounidense está perdiendo en esta partida.
«La cuestión es importante económicamente pero políticamente también», le dice Mariano Rajoy, tal y como el embajador refleja en el despacho 244979. La conclusión final que Solomont extrae del encuentro no ofrece muchas dudas:
«En Derechos de Propiedad Intelectual, captamos que el mensaje de Rajoy es que aunque el PP entiende la necesidad de que España haga más, va a extraer cualquier beneficio político que pueda del debate sobre cuál debe ser exactamente el mecanismo que España use para cerrar sitios piratas».
Mayores esfuerzos
Solomont redobla el ritmo de reuniones. El 25 de enero, con el ministro de Industria Miguel Sebastián, que anima al embajador a que hable con el PP nacional y madrileño para que reconduzcan su postura (despacho 245612). El 10 de febrero, con Ángeles González Sinde, la ministra que está siendo en esos días objeto de todas las iras internautas.
Unos días antes, el 4 de febrero, aterriza en España Christopher Wilson, número 2 del comercio exterior estadounidense. El secretario de Economía del Partido Popular, Álvaro Nadal, se reúne con él y matiza la posición popular.
Distingue, que supervisa el propio Wilson, entre política y políticas. «En política», se dice en referencia a Nadal, «dijo que el PP no está lejos del Gobierno en las disposiciones sobre el cierre de páginas del borrador de la Ley de la Economía Sostenible. El PP apoya firmemente una fuerte protección de la Propiedad Intelectual y algo se debe hacer con los sitios piratas». Se refleja, eso sí, el rechazo del PP a la Comisión de la discordia.
Wilson acude a una comida en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Habla con el director general de Política Cultural, Guillermo Corral, que le hace saber que dentro de las propias filas del PSOE hay detractores de la nueva legislación.
«A la vista de la percepción de que el Gobierno de España está siendo presionado por el Gobierno de Estados Unidos, Corral pensó que sería contraproducente que la embajada hiciera acercamientos a los que se oponen a esta iniciativa. Sugirió, no obstante, que la embajada hablara con los diputados de Convergencia i Unió y del Partido Nacionalista Vasco sobre la legislación».
La misiva concluye: «La embajada redoblará su compromiso con Gobierno, oposición y otras partes interesadas a lo largo del proceso de La lista Especial 301 y en adelante».
En mayo, tres meses después de la visita del número 2 del comercio exterior estadounidense, España vuelve a aparecer en la lista negra.
El pasado 17 de noviembre, el Senado instaba al Gobierno a reformar la Ley de Propiedad Intelectual. Mientras, la Disposición final Segunda de la discordia aguarda en el Congreso a las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios.
Los 124 cables
En el banco de datos de los Papeles del Departamento de Estado hay 124 cables de las comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Madrid que corresponden a la búsqueda de las etiquetas KIPR (el tag de Intellectual Property Rights, Derechos de Propiedad Intelectual) y SP por España. Los informes abarcan el periodo entre febrero de 2004 y febrero de 2010. / M. A. P.
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