La Junta Electoral Central y sus trabas en el campo de la democracia electrónica


Los miedos de la Junta Electoral Central

Publicado el octubre 13, 2011 por lamangada947

Las elecciones de 2011 pasarán a la historia por la iniciativa pionera de los pequeños partidos en el campo de la democracia electrónica.

Como si de un sistema electoral en pañales se tratase, la Junta Electoral Central (JEC) se ha visto superada por un conjunto de tecnologías no legisladas, improvisando en algo tan crucial como asentar las bases futuras de la democracia en la red.

Con la última normativa aprobada en enero de 2011, para que un nuevo partido pudiese concurrir a los comicios debía reunir en 20 días los avales necesarios.

Con esta restricción temporal se dificultaba aún más la entrada de nuevos adversarios políticos, por lo que muchos buscaron en Internet el respaldo adicional de las firmas electrónicas.

El gran problema era el vacío legal que rodeaba a esta práctica pionera, ya que nada especificaba en aquella ley de enero el formato de la recogida de avales o la validez del voto electrónico.

Los pequeños partidos pidieron a la JEC que especificase las instrucciones para la recogida de apoyos, pero ésta retrasó su respuesta hasta finales de verano.

Una traba más, los partidos no sólo tendrían poco plazo sino que conocerían las reglas de juego a última hora. Ante la incertidumbre, algunas formaciones se sumaron a la iniciativa de Mifirma.com, basada en el software de Tractis, que permitía recoger avales online.

Resultó ser una herramienta tan potente y simple que pronto albergó a formaciones como Compromís EQUO-Iniciativa Verds, Escaños en Blanco, Anticapitalistas, Partido de Internet, Azar, Partido Pirata, Convergencia por Extremadura, Partido de la Libertad Individual, Iniciativa Legislativa Ciudadana o ILP del Personal de la Guardia Civil.

El 11 de agosto el equipo legal de Mifirma expuso ante la JEC una petición para validar este procedimiento como método para la recogida de avales.

Su principal baza era que Tractis, el sistema que utiliza, ya cumple con toda la legalidad al ser un Prestador de Servicios de Certificación acreditado ante el Ministerio de Industria en todas sus modalidades.

Sin embargo, el BOE del 15 de septiembre publicó la resolución de la JEC admitiendo el voto electrónico únicamente a través de la Sede Electrónica del INE.

A esto se sumó el rechazo de la JEC al empleo de Mifirma o de Tractis, ya que sólo sería legal recoger avales mediante firma electrónica empleando la vía ‘oficial’, un mecanismo incómodo y de difícil acceso.(Reto al lector a intentar buscarlo en el enlace que ofrece el BOE).

El trabajo hecho por los partidos cae a última hora en saco roto y a seis días laborables de que el Gobierno convoque elecciones. Si la teoría dice que el camino seguido con la iniciativa de Mifirma es legal a todos los efectos, pero en la práctica se prohibe…

¿Cómo se justifica la JEC? De ningún modo, en virtud de la ley 59/2003, la Junta Electoral Central sí puede“establecer condiciones adicionales a la utilización de la firma electrónica en los procedimientos”, pero siempre que éstas sean “objetivas, proporcionadas, transparentes y no discriminatorias”.

Dado que esto no se cumple, su negativa sólo se puede interpretarse como una retirada a tiempo, puesto que pronunciarse o justificar este caso particular sentaría precedente ante casos futuros.

¿Qué está en juego?

Más allá del retraso o de los apoyos que hubiesen recogido estos partidos casi desconocidos, la importancia del caso radica en que si la JEC hubiese validado el sistema Tractis para casos prácticos, quedaría abierto el uso de herramientas de consulta popular en situaciones futuras, como consultas independentistas, consultas ciudadanas o referéndum, independientemente de quién las promueva.

Los votos serían ‘firmas electrónicas reconocidas’ y dado que en España ya hay 24 millones de DNI-e, no conviene arriesgarse a jugar con estas cosas.

Pese a la negativa de la JEC, Mifirma continuará recogiendo avales electrónicos en actitud de desobediencia.

En su opinión, a la hora de presentar los avales ‘no válidos’ ante la JEC, el organismo debería rechazarlos dando una explicación coherente, dado que están certificadas y son firmas válidas.

Está mucho en juego e, independientemente de lo que ocurra esta semana, la decisión final condicionará nuestro funcionamiento democrático en el futuro.

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